“DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”

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El cual se describe como un conjunto de normas internacionales que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra (algo irónico ¿No?), en este caso particular prescribe el derecho de injerencia, fundamentado en la renuncia que los estados han hecho cuando han aprobado los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las convenciones de derecho humanitario con sus protocolos, lo cual esta ratificado en nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 23, que reza lo siguiente:
“…Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público…”
Aquí debemos de sumarle que en fecha 15 de julio del año 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, emitió la sentencia 1942, donde se reconoce que si bien el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, no es menos cierto que: “…En materia de derechos humanos, adquieren rango constitucional, equiparadas a normas contenidas en la Constitución, las disposiciones de los Tratados, Pactos y Convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela que resulten más favorables a las establecidas en nuestra Carta Magna o en las leyes nacionales…”
En otras palabras, que no afecten nuestra soberanía, citando esta máxima no pretendemos politizar las protestas o pedimentos realizados por un sector político del país, todo lo contrario, más si nos plegamos a lo estrictamente jurídico expresado hace pocos días por la Fiscal General de la Republica Dra. Luisa Ortega Díaz, donde se evidencia ciertos excesos por parte de los organismos de seguridad, es ahí donde entra el derecho internacional humanitario; por demás tenemos que tener presente que este tipo de delitos no prescriben y son perseguibles a nivel mundial, por ello llamamos la atención a los cuerpos de seguridad, que si bien es cierto, tienen el deber de mantener el orden público, también deben de velar por la aplicación de los métodos más idóneos, al igual que los líderes políticos deben de llamar la atención a los seguidores para no caer en vandalismo que se aleja a las protestas, que está consagrada en las leyes venezolanas. Ya que se pierde cualquier sentido de luchar por el bien común y se desvirtúan los propósitos.
Cuando se destruyen los bienes muebles o inmuebles públicos o privados, se queman vehículos; esas acciones son contrarias a lo que se solicita, pero también de manera enérgica rechazamos la agresión y la pérdida de vidas jóvenes valiosos de nuestro país que defienden su posición, sean de la ideología que sean, SOMOS VENEZOLANOS… "
…Creo en los derechos humanos para todos, y ninguno de nosotros está calificado para juzgar a los demás y que ninguno de nosotros debería por lo tanto tener esa autoridad…" Malcom X.
Queremos darles las gracias a INSETRA, por permitirnos instruir a sus funcionarios en días pasados, donde se evidenció que el funcionario policial de hoy no es el mismo de hace 10 años, existe preparación, criterio y sobre todo ganas de proteger al ciudadano.